Salarios públicos: más allá del aumento de 5 mil colones
APSE se reúne con Chinchilla bajo amenaza de huelga, reza un titular de prensa (ver AQUÍ) sobre la reunión que se llevó a cabo entre la Sra. Presidente y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, cuyo tema principal parece haber sido el incremento de salarial de 5 mil colones para los trabajadores del sector público. El reclamo parece razonable, en la medida que no cumple con las expectativas de los sectores con ingresos más altos del sector público, ya que cubre la inflación para los servidores en las escalas más bajas. Aunque también refleja una posición razonable por parte de la Presidencia.
Un gobierno clara orientación social, como el de la Sra. Chinchilla, seguro que le preocupa el bienestar de los trabajadores del sector docente, la mayoría de ellos profesionales. Sin embargo, hay dos consideraciones importantes desde el punto de vista de política pública. El primero es que el Gobierno no tiene recursos para cubrir el costo de otro tipo de incremento y hacerlo implicaría su postración y disfuncionalidad. La crisis es real, por lo cual resulta contradictorio que el sindicato de los educadores se encuentren entre sus opositores al plan fiscal que discute el congreso.
El segundo es un argumento más de fondo. Los sueldos públicos, que ahora superan los del sector privado en casi un 300%, y otros privilegios absorben una parte importante del total de los recursos fiscales. Lo cual contrasta con una administración pública entrabada e improductiva, en parte por una serie de estímulos negativos que se han venido construyendo en el régimen laboral, culpa de los políticos de turno, y en parte por el comportamiento ético que viene caracterizando la función pública. Dos ejemplos ayudan a aclarar este punto. Por una parte, si el trabajador puede percibir su salario, sin trabajar, por qué habríamos de esperar que no use para ello el recurso de las incapacidades o de aprovechar el tiempo de las conferencias para tomarse unas vacaciones. No es ético, pero el sistema lo ha venido permitiendo. En cuanto a improductividad, JAPDEVA ha admitido que tiene una carga laboral excesiva (un tercio de su personal sobra), a la vez que hemos visto la pérdida de recursos y oportunidades relacionadas con la platina y la pavimentación del puente sobre el Río Sucio que el primer aguacero se llevó. Lamentablemente estos hechos son más la generalidad que la excepción.
Y el problema no son los puentes o el exceso de personal, fuera del contexto social y económico. El problema es que, en muchos sentidos, la administración pública representa un drenaje de recursos muy alto y un obstáculo al desarrollo, que nos impide superar nuestro principal problema: la vulnerabilidad social. Esta, conformada por quienes se encuentra por debajo de la línea de pobreza, en conjunto con los que están en sus linderos, representan un problema social, superior al que hemos venido reconociendo. En efecto, se trata de un 35% de nuestra población o aproximadamente 1.5 millones de costarricenses.
Bajo las condiciones de crisis y como respuesta al inaceptable problema de vulnerabilidad, es obligación ética del Gobierno, no sólo regular la inequidades del régimen salarial, sino del sistema laboral en su conjunto. En virtud de la situación fiscal; de los riesgos de un colapso general tipo Grecia, producto de indecisión; y de la solidaridad que profesamos con las mayorías, todos, sindicatos, políticos y población civil, deberíamos apoyar la acción de gobierno para superar los problemas que impiden un desarrollo más justo e inclusivo. Las opciones son complejas y dolorosas, pero mantener la actual no es una de ellas.
